En Guanajuato y Estado de México no salen las cuentas

07/08/2018 Comentarios

La frase más trillada que se dice sobre los mexicanos es que “nos reímos” de la muerte. Además de reírnos de ella, la minimizamos. Al menos a esa conclusión se llega cuando se comparan las cifras de víctimas de homicidio doloso del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con los datos de defunciones por homicidios que el INEGI publicó la semana pasada. En principio, ambos conteos deberían cuadrar, pues buscan medir lo mismo (al respecto, es importante señalar que desde 2014 las procuradurías o fiscalías generales de los estados –que son las que producen los datos que el SESNSP difunde– acordaron contabilizar el número de víctimas de homicidio, y con ello subsanar la práctica previa de difundir exclusivamente el número de expedientes, en los que se podían incluir una o varias víctimas).

Aun así, sería comprensible que hubiera una diferencia moderada en los números de las procuradurías y las cifras del INEGI, pues la información se obtiene por distintas vías. Mientras las procuradurías cuentan el número de víctimas registradas en carpetas de investigación, el INEGI recopila todos los certificados de defunción del país, mismos que se clasifican de acuerdo con la metodología de la Organización Mundial de la Salud. Dentro de las categorías establecidas para clasificar las defunciones, algunas corresponden con “muertes naturales” o enfermedades, otras con accidentes y otras con homicidios intencionales. Estas últimas categorías coinciden en términos generales con el concepto legal de homicidio doloso.

Sin embargo, la diferencia entre las cifras de las procuradurías y las del INEGI no son menores. En 2017 las procuradurías reportaron 28 mil 711 víctimas de homicidio, el INEGI 31 mil 174. Es decir, a los ministerios públicos del país se les fueron 2 mil 463 homicidios dolosos que sí aparecieron en actas de defunción (un déficit del 7.9 por ciento). Ahora bien, el problema en verdad preocupante surge cuando se analizan las cifras por entidad federativa. En seis contados estados la procuraduría o fiscalía estatal reporta más homicidios que el INEGI. Veracruz es el caso más relevante. Cabe señalar que el año pasado en ese estado se localizaron más de 300 cuerpos en narcofosas (en estos casos es probable que se hayan abierto carpetas de investigación, pero no actas de defunción). La situación opuesta es más preocupante y más difícil de explicar. Las procuradurías de ocho entidades federativas tienen un déficit muy alto de homicidios en relación con las cifras del INEGI: Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. Me detengo en los casos de Guanajuato y el Estado de México porque ambos son, por mucho, los que omitieron contar el mayor número de víctimas de homicidio el año pasado.

En 2017 la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato (PGJ GTO) tuvo la mayor omisión de víctimas. En relación con las cifras del INEGI, faltaron 829 (que constituyen 37 por ciento del total). Las cifras que reporta la propia PGJ GTO sugieren dónde podría estar el engaño: clasificar como culposos (es decir, accidentales) homicidios que en realidad fueron dolosos. Para empezar, la PJG de Guanajuato reporta una tasa anormalmente alta de homicidios culposos, 44 por cada 100 mil habitantes, que es más del triple de la que se observa en el resto del país. También es revelador que los accidentes mortales en Guanajuato no sean accidentes de tránsito (como ocurre en el resto del país y en el resto del mundo), sino que en la gran mayoría de los casos sean producto de “otro elemento”. Si le creyéramos a las cifras que reporta la PGJ GTO, en Guanajuato no hay una crisis de violencia criminal; lo que hay es un gravísimo problema de torpeza generalizada de la población, que genera accidentes con más de dos mil muertes al año.

Para el Estado de México no tengo todavía una hipótesis que pueda explicar por qué las cifras no cuadran. Sin embargo, el número de víctimas que no fueron reportadas por la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) también es muy considerable. En 2017, la FGJEM contabilizó 687 víctimas menos a lo reportado por INEGI (23 por ciento del total de defunciones por homicidio en el estado). Además hay precedentes. Por ejemplo, en un estudio de México Evalúa, difundido en marzo pasado, se identificó un “comportamiento atípico” de las cifras oficiales de homicidios, que sugiere que fueron manipuladas, y que inició en el gobierno de Arturo Montiel y continuó durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila.

En México estamos todavía muy lejos de contar con estadísticas delictivas confiables. Sin embargo, es muy grave que a estas alturas las instituciones de procuración de justicia de algunos estados no puedan, o no quieran, contar bien los homicidios (uno de los pocos delitos para los que podríamos tener mes con mes una medición aceptable). Es necesaria una auditoría a fondo de los datos de homicidios y de los procesos para obtenerlos. Es necesaria también una explicación por parte de los responsables, empezando por los procuradores y los fiscales.

Opinión de: ElFinanciero

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